Fatiga Constitucional.

Por: @OrlandoGoncal

En Chile la idea de construir una nueva Constitución Política fue producto del estallido social que se presentó en el país a finales de 2019. Para ese entonces, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a convocar un referéndum para octubre de 2020, como una válvula de liberación de presión de la tensa situación que vivía el país.

Dicho referéndum ofrecía a los chilenos la oportunidad de decidir la conformación de una Convención Constitucional para cambiar la Constitución Política de Chile. En dicha consulta triunfó el “Sí” con un apoyo del 78%.

En junio de 2021, los chilenos volvieron a votar para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, obteniendo la izquierda una mayoría.

El texto propuesto para entonces, contó con el apoyo del presidente izquierdista Gabriel Boric, y el mismo incluía 388 artículos los cuales habrían ampliado en mucho los derechos sociales y aumentada la regulación ambiental. Además, otorgaba al Gobierno mayor competencia en los programas de bienestar social.  Adicionalmente el texto en cuestión habría brindado plena paridad de género y agregaba puestos designados para representantes indígenas, sin embargo, ese primer proyecto constitucional fue rechazado ampliamente por la ciudadanía en septiembre de 2022.

El 7 de mayo de 2023 se eligieron, en una votación popular, el Consejo Constitucional de Chile, organismo con 50 miembros que se encargaría de redactar la nueva propuesta de Constitución, logrando el partido Republicano, de extrema derecha, obtener 22 de los 50 escaños.

De esta manera el nuevo proyecto fue elaborado por un Consejo Constitucional inclinado hacia la derecha y el pasado 7 de noviembre de 2023, los miembros del Consejo Constitucional entregaron el proyecto de nueva Constitución al presidente Gabriel Boric.

Es así como este 17 de diciembre los chilenos fueron por segunda vez a las urnas para definir si están a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo Constitucional, en un nuevo intento por reemplazar la Constitución que data de 1980, en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero, nuevamente fue rechazada la propuesta con casi el 62% de los votos. Esto hizo que casi de inmediato después del plebiscito, el presidente Boric declarara que, por lo menos en lo que queda de su periodo, no se hará modificación del texto Constitucional.

La pregunta que surge es: ¿por qué si originalmente 8 de cada 10 chilenos deseaban una nueva Constitución, en dos propuestas y dos intentos, fueron rechazados por más del 60% de los ciudadanos?

Según varios analistas se llegó a una fatiga constitucional. Dicho con otras palabras, la politización del tema Constitucional, al tratar, primero, la izquierda de imponer su visión, y, luego en el segundo intento, la derecha pretendiera forzar el texto con una carga hacia la derecha, hicieron que los ciudadanos percibieran que el cambio de Constitución no resolvería sus problemas, y continuarían sin resolver las causas, motivos y la chispa de los estallidos sociales de 2019.

Seguramente habrá más elementos que han llevado a los ciudadanos chilenos a rechazar ambos textos, pero es claro que, estos tenían una alta expectativa y que el liderazgo político, de ambos lados, no estuvo a la altura del desafío que implicaba una nueva Constitución.

El nuevo texto Constitucional debía unificar a los chilenos entorno a un sueño de país en el que se sintieran integrados y representados; que además, no solamente robusteciera las instituciones del Estado y fortaleciera el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, sino que abordara los temas del futuro, como el cambio climático, la inteligencia artificial, los derechos de las mujeres, las diversidades culturales y los pueblos originarios, y ampliara la protección de las garantías a los ciudadanos, entre otros, pero se politizó el debate y se dejó de lado a los ciudadanos.

Chile entonces tendrá que tratar de evolucionar con una Constitución nacida en la dictadura de los 80, luchar contra las desigualdades de la sociedad, contra los desequilibrios económicos del país, y tratar de solventar, al menos en alguna medida, las causas que provocaron las protestas a finales de 2019.

Lo que ha pasado en Chile debe ser una alerta para los países de la región, pues no se puede politizar el debate Constitucional y, por lo tanto, los liderazgos de los países deben enfocarse en cómo el Estado puede y debe dar más y mejor protección a los ciudadanos.

La fatiga Constitucional, más bien parece un hartazgo de los ciudadanos con la politiquería, y eso, además de grave, es un duro golpe a la democracia.