No escuchan, no aprenden.
Por: @OrlandoGoncal
El Ecuador lleva más de dos semanas con protestas sociales en varias regiones del país, encabezadas por la comunidad indígena que exige al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas en el contexto de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.
Los protestantes fueron generando bloqueos de carreteras, por lo que el gobierno privilegió el uso de la fuerza pública para despejar las vías por encima del diálogo democrático con los ciudadanos protegidos por el derecho a la protesta, pese a que haya actores que lo desborden hasta afectar derechos de terceros.
Si bien el gobierno tiene la obligación de garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, también tiene el deber de escuchar las razones de la explosión social, esa que tiene profundas raíces en problemas de desigualdad, exclusión y pobreza; para establecer un diálogo que lleve a un proceso de negociación que permita a una solución al conflicto.
Para que ese diálogo se pueda realizar las partes deben reconocerse entre sí, respetarse, y, sobre todo, entender las motivaciones de cada uno, las cuales, como se evidencia, no solo están influenciadas por razones circunstanciales, sino que tienen raíces culturales, sociales, económicas, y hasta ancestrales.
Así que, aumentar y usar la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado contra las protestas solo conduce a más violencia, con lo cual, el espiral de los actos de facto se salen de control con consecuencias lamentables.
¿Acaso los gobernantes no logran aprender con los ejemplos del pasado, de esas protestas sucedidas en el propio Ecuador, en Chile y Colombia, en 2019 y luego en 2021? En estas protestas hubo evidencia del malestar social, la gente no la estaba pasando bien y los gobiernos sufrieron de sordera selectiva, pues no escucharon el clamor del ciudadano y fue ignorado por el Estado. Pero, quienes protestan tampoco aprendieron la lección. Cuando permiten filtración de violencia en la protesta terminan deslegitimando las mismas, y provocando mayor grado de violencia.
En medio de las tensiones entre el gobierno y la Canaie Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, otros actores políticos y la Asamblea Nacional aprovechan la oportunidad para pescar en rio revuelto planteando la destitución del presidente, acción promovida por la opositora bancada parlamentaria de Unión por la Esperanza -Unes-, movimiento afín al expresidente Rafael Correa.
La iniciativa de invocar el artículo 130 de la Constitución ecuatoriana por grave crisis política y conmoción interna, los puso en evidencia, solo que les salió mal, porque, requerían el voto favorable de dos tercios del parlamento, lo que equivale a 92 de los 137 asambleístas, pero, el resultado de la votación final no logró reunir los votos requeridos.
En el fondo, los parlamentarios se arriesgaban a que el presidente hiciera uso del as bajo la manga que proporciona el artículo 148 de la Constitución, mediante el cual el presidente pudiera disolver la Asamblea Nacional por las mismas razones que esta pretendía destituir al presidente – grave crisis política y conmoción interna-. Acontecimientos que pudieron presentar el escenario que llaman muerte cruzada, donde tanto el poder ejecutivo como el legislativo cesaban sus funciones y habría que convocar a elecciones en seis meses.
De nueva vuelta, los políticos discutiendo de política, los actores en conflicto -Canaie y ejecutivo- negándose a hablar y desconociéndose entre sí, la Asamblea Nacional con índices de aprobación de un dígito tratando de destituir a un presidente con 12% de aprobación, mientras la gente la sigue pasando mal, muchos siguen sin poder satisfacer sus necesidades básicas, y la incertidumbre avanza.
El presidente Lasso habrá podido superar el intento de destitución, pero, ahora deberá tratar de sobrevivir durante los tres años restantes de su período con una Asamblea Nacional hostil, por lo cual, deberá buscar a los aliados con los que rompió en el pasado, a otros, de los cuales denigró, pero que votaron contra su destitución, esto si quiere tratar de armar un piso mínimo de gobernabilidad.
Por su parte, la oposición seguramente seguirá presionando, pensando en el cálculo y rédito político futuro; la dirigencia del movimiento indígena deberá revaluar sus métodos de lucha y protesta si quiere tener resultados más tangibles y menor costo -de vidas y respaldo ciudadano-; mientras todo esto sucede la gente seguirá batallando para subsistir.
Definitivamente los líderes políticos no escuchan y no aprenden de las lecciones del pasado, pero, los ciudadanos tampoco escuchan ni aprenden que su poder esta en las urnas, es allí donde tienen el poder para elegir bien a sus representantes en el ejecutivo y el legislativo.
Mientras los ciudadanos no entiendan que la política incide de manera directa en sus vidas, y que no basta solo votar, que deben ser participativos y activos en la discusión pública, en el debate, y hacer contraloría social sobre sus líderes y representantes, tendremos situaciones como las que hoy vive el Ecuador, pero que, además seguramente se presentarán en otros países.
La pregunta es ¿Cuándo será que, tanto líderes como ciudadanos escucharán y aprenderán?
Imagen: https://www.publico.es/
