Ortega y Murillo binomio perverso.

Por: @OrlandoGoncal

En abril de 2018 estalló en Nicaragua una ola de protesta ciudadana cuya represión por parte de las autoridades, según los datos de la CIDH, dejó al menos 328 muertos, además de cientos de presos, desaparecidos, y más de 103.000 personas en el exilio.

Como es usual en este tipo de regímenes, su mejor estrategia ha sido reprimir con brutalidad, buscando dividir a los líderes de los movimientos de protestas; y en paralelo jugar al desgaste de las manifestaciones. Esa fórmula siempre les ha resultado, y en 2018 no fue la excepción.

Meses después cuando Nicaragua salió del radar de las noticias internacionales el binomio de Ortega y Murillo arrecio con mayor fuerza, llevando adelante, con la complicidad de la cooptada Asamblea Nacional, la aprobación de una serie de leyes como la de -Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación-, que impide a cualquier opositor considerado «golpista» o «traidor de la patria» postularse a un cargo de elección popular.

La otra norma es la de -Agentes Extranjeros-, aprobada por el parlamento en octubre de 2020, mediante la cual bloquea el financiamiento internacional a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, sociedad civil y opositores, y obliga a los organismos a registrarse como agentes extranjeros para recibir fondos.

Adicionalmente, en mayo fue aprobada una serie de reformas electorales por la Asamblea Nacional, las cuales permiten a Ortega y Murillo mantener el control del Consejo Supremo Electoral, además de anular la observación electoral y la prohibición del financiamiento para candidatos.

Reformas rechazadas por la comunidad internacional, sin embargo, el binomio perverso en compañía de sus acólitos siguió adelante con las mismas. Hoy, al igual que en las masacres de marzo y abril de 2018, continúan actuando con total impunidad, pues, saben que no habrá consecuencias adversas; es por ello que, a cinco meses de las elecciones donde pretende reelegirse para un cuarto período, ha desatado una oleada de arrestos contra todo aquel que pueda serle un adversario.

Entre los detenidos se encuentran líderes opositores, activistas, exguerrilleros sandinistas y cinco posibles candidatos presidenciales; todos acusados de «golpistas» y de querer desestabilizar el país, bajo los cargos de «gestión abusiva, falsedad ideológica, además de lavado de dinero, bienes y activos; y fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo»

Como si fuera poco, con la incorporación de las leyes de -Agentes Extranjeros y de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia- imposibilita como candidatos a los opositores que participaron en las protestas de 2018.

Adicionalmente éstas reformas electorales dificultan la situación para los opositores, puesto que da discrecionalidad al Consejo Supremo Electoral, manteniendo la partidización del sistema y otorga a la policía la potestad en la “permisología” en las manifestaciones.

Para blindarse aún más, Ortega y Murillo hacen aprobar en octubre pasado la Ley Especial de Ciberdelitos, la que impone penas de -1 a 10 años de cárcel- para todos aquellos que el gobierno considere que publican noticias falsas en medios de comunicación o redes sociales.

La pregunta que surge es ¿Cómo logró el binomio perverso llegar a tales extremos?

Una de las respuestas, quizás no sea la más agradable, pero si la más evidente, es que, lo que hoy vive Nicaragua se viene gestando desde hace más de una década ante la mirada apática de organismos internacionales, junto con la indiferencia de las elites empresariales, económicas, sindicales, académicas y eclesiásticas del país, quienes ante los avances de una dictadura en formación se limitaron a expresar su malestar en las redes sociales.

Sumado a lo anterior, ante la bonanza económica que vivía Nicaragua, producto del petróleo y los dólares venezolanos, el conjunto de la sociedad dejó de lado esas “pequeñas restricciones” pues la economía fluía, y con el pasar del tiempo Ortega y Murillo, junto a sus hijos y demás cómplices, fueron cooptando todas las instituciones del Estado, borrando la línea divisoria entre partido, gobierno y Estado. Fueron adueñándose de los negocios relacionados con el petróleo y estructurando su propio sistema de medios con el dinero producto de la corrupción, eliminando judicialmente a partidos y opositores.

En paralelo los líderes políticos de la oposición no unificaron criterios ni posiciones, mucho menos objetivos estratégicos, presentándose divididos ante una sociedad apática que lucha por sobrevivir, mientras el poder de Ortega y Murillo se creció y hoy los avasalla sin piedad.

En paralelo es vergonzante ver a los países vecinos mirar hacia los lados, pues dan prioridad a los negocios que mantienen con el régimen nicaragüense o con sus agentes; mientras los organismos internacionales hacen simples declaraciones, y la Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU, Julie Chung, declara que “el mundo está observando”, mientras tanto, el que se proclamó hijo de Sandino, parece ser realmente el hijo bastardo de Anastasio Somoza.

Conclusión: La apatía y alejamiento de la política junto a lo permisivo de las fuerzas vivas y los ciudadanos da como resultado lo que sucede en Nicaragua y lo que continúa sucediendo en Venezuela; permitiendo que inescrupulosos secuestren y se apropien del Estado, y que cada día actúen con mayor autonomía e impunidad.

La política nos guste o no, tiene incidencia en la vida diaria de los ciudadanos y si estos se desentienden de ella, la posibilidad de que dictadorzuelos tomen por asalto el Estado, en mayor.

Foto:  www.laestrella.com.pa