La responsabilidad de las palabras equivocadas.

Por: @OrlandoGoncal

En comunicación política se dice que en ocasiones -la forma es tan o más importante que el fondo- Pero, cuando la forma se utiliza para desviar la atención del fondo se corre el riesgo de generar una crisis aún mayor a la que se deseaba evitar. Esto, quizás, ha sido el caso sucedido recientemente a dos importantes políticos en Colombia; siendo ellos, el ministro de la Defensa, Diego Molano; y, la Alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López.

Veamos el primer caso.

El pasado 2 de marzo el Ejército de Colombia realizó un bombardeo en el departamento del Guaviare a un presunto campamento de -un grupo armado organizado residual-, como les llaman hoy día a los disidentes de las Farc; donde suponen estaba alias Gentil Duarte.

Las primeras informaciones que se conocen, ocho días después de los acontecimientos, dan cuenta de que había por lo menos 10 menores de edad, niños entre los 9 a los 16 años. Al día de hoy solo se ha confirmado el caso de una menor de 16 años, y las autoridades competentes aún no se pronuncian.

Ahora, el caso es que las declaraciones del Ministro de la Defensa, Diego Molano, al ser indagado por la prensa sobre la presencia de menores de edad en el campamento bombardeado, afirmó lo siguiente: «Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra».

Con esa respuesta además de evitar pronunciarse si había o no menores de edad dados de baja, justificaba el ataque; pese a que, tanto internacional como nacional la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños de 1989, ratificada por el Estado Colombiano en el año 1991, garantiza la protección de los derechos mínimos a los menores. En igual sentido el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, incentiva la creación de mecanismos de protección con el fin de evitar la vinculación forzosa al conflicto de los menores. En general la legislación colombiana establece que los menores de edad que participan en el conflicto armado en cualquier condición, son víctimas del conflicto, no actores del mismo.

Salta una duda, si éstas declaraciones del Ministro ratifican o no la política del presidente Iván Duque, quien, desde la campaña electoral habló de la -Paz con legalidad- hechos que estarían lejos de los términos y condiciones de los protocolos protectores de los derechos de los menores, o de los pactos en los acuerdos de Paz firmados por el Estado colombiano durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Por otra parte, la afirmación “la Paz con legalidad” traduciría mediante un hilo muy delgado, que ¿La paz firmada por el Estado colombiano es ilegal? Más allá, esto llevaría al desconocimiento del conflicto armado, lo que, a su vez, significaría que el no reconocimiento de la aplicación del derecho internacional humanitario. Con lo que surge entonces una nueva pregunta: si las acciones que desarrollan las fuerzas militares y de policía en el territorio colombiano no son actos de guerra, entonces, ¿podrían ser considerados ataques injustificados contra la población? Lo que pondría de presente una paradoja, ¿El no reconocer el Derecho Internacional Humanitario, generaría mayor vulnerabilidad para las fuerzas militares?

En fin, son muchas interrogantes. Como lo planteamos al principio, la forma como se utilizan las palabras tratando de desviar la atención del fondo sin detenerse a pensar en sus efectos, no solo genera consecuencias para la población, posteriormente trae repercusiones y responsabilidad de sus autores.

El otro caso es el de la alcaldesa de Bogotá.

Las polémicas declaraciones de la burgomaestre se dieron tras el asesinato de un policía en un tiroteo la semana pasada; donde asumió las competencias de ente acusador (Fiscalía) y juzgador (Juez) sin previo debido proceso, contra personas de nacionalidad venezolana de haberlo perpetrado. La polémica viene además precedida por otras declaraciones xenófobas que había expresado la mandataria en reciente pasado, también contra desplazados venezolanos; con lo cual dio un giro en su discurso respecto a la migración desde su campaña electoral de 2019.

Ahora bien, los actos de discriminación, hostigamiento y xenofobia, chocan con la realidad, ya que varios estudios recientes como el del Instituto de Política Migratoria, evidencian que, -en América Latina, los migrantes no son los principales impulsores del crimen- y las cifras en Colombia así lo demuestran. En Bogotá según cifras de la Policía, solo el 2% de los delitos son cometidos por migrantes venezolanos; sin embargo, el aumento de comentarios negativos en las redes sociales contra esa comunidad creció en más del 500% después de las declaraciones de Claudia López.

Es absolutamente condenable el asesinato y necesario que caiga sobre el asesino todo el peso y rigor de la ley; pero, la irresponsabilidad de las palabras de López ha aumentado los riesgos de una población ya altamente vulnerable.

De nueva vuelta, la forma busca tapar el fondo. Y el fondo es que, en las últimas mediciones de opinión pública, la imagen positiva de la alcaldesa ha caído y sus negativos han aumentado. Así que, al montarse en este discurso evidencia una de dos situaciones, primero, ¿será un tema de convicción personal?, o lo segundo, ¿trata de desviar la atención sobre su caída en las encuestas?

Estos ejemplos son muestra de lo que las palabras equivocadas en boca de gobernantes pueden causar. Lamentablemente su uso solo contribuye al aumento de la estigmatización y la hiperpolarización; nada que enorgullezca a una sociedad del actuar de sus líderes.

Foto: https://razonpublica.com/