Hace apenas unas semanas, Nicaragua estuvo en las primeras planas de muchos medios internacionales por la destitución de 28 diputados opositores.

Las semanas pasaron y el caso ha ido perdiendo interés de los medios, pero la gravedad de lo que sucede en Nicaragua, es un atentado mortal a la democracia de ese país, y puede tener incidencias graves en la región.

El principal partido de oposición, el Partido Liberal, se ha visto envuelto en una serie de líos y rencillas legales, que termino con cederles las riendas del partido a Pedro Reyes, un personaje que estaba fuera de la actividad política nacional y que muchos acusan de ser pro oficialista, es decir “orteguista”.

Si bien hay antecedentes y la ley así lo prevé, se vuelve particularmente grave, pues a tres meses de las elecciones presidenciales, Daniel Ortega, a través de un poder judicial y electoral sumiso, logra desbancar a sus principales opositores.

Ya en el mes de junio pasado, Ortega consiguió que la Corte Suprema anulara la candidatura de su rival Luis Callejas, quitándole la representación legal de su partido y forzó así a la oposición a renunciar a presentarse, despejándole así el camino, para una victoria segura.

A todo esto se le suma el hecho que las elecciones se realizaran sin la presencia de Observadores Internacionales. Vale la pena recordar que la misión electoral de la Unión Europea calificó los resultados de la victoria de Ortega en 2011 como “opacos y no verificables”.

Ortega gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990 y entrega el poder a Violeta Chamorro, tras perder las elecciones. Logra ganar las elecciones en 2006, se reelige en 20011.

A lo largo de los años, ha ido concentrando poder político y económico, poniendo a sus hijos en puestos claves de la economía del país, cooptando los poderes del estados y los medios de comunicación, seduce y neutraliza a la Iglesia, cambió la Constitución para optar a una reelección indefinida, y se levanta con un discurso del socialismo del siglo XXI, al mejor estilo de Hugo Chávez en Venezuela.

Ahora, como la guinda del pastel, postula a su esposa, Rosario Murillo, como su candidata a vicepresidente, afianzando aún más el poder de la familia en el poder.

De aquel guerrillero de izquierda que durante años lucho contra la dictadura la familia Somoza, que se mantuvo en poder por más de 45 años, y que junto a miles de hombres y mujeres nicaragüenses logran derrotar, solo quedan vagos recuerdos.

Daniel Ortega a sus 70 años, ya es uno de los mandatarios que más tiempo ha permanecido en el poder y esta serie de jugarretas legales y políticas que ha hecho en los últimos años le garantiza su continuidad en el poder, y la de su familia. Cualquier parecido con la familia Somoza, es pura coincidencia.

El efecto dañino que esto le hace a la democracia y a los pueblos es tremendo, pero peor aún, es la indiferencia con que los otros países de la región, del mundo y, la mayoría de los organismos internacionales han abordado el tema.

El sistema de convivencia internacional, llámese ONU, OEA, BID, BM, FMI, CIDDHH, en fin, los que deseemos nombrar, tienen el deber de actuar y ayudar a preservar en cada país las democracias y el respeto absoluto a los derechos humanos, y sencillamente no lo están haciendo.

La humanidad está en guerra, lo que sucede en Siria y el Medio Oriente es brutal, los atentados en Europa, es de un mundo desquiciado y el sistema internacional no está teniendo la capacidad de incidir para solventar tan terribles conflictos.

En América Latina, Venezuela atraviesa la más grave crisis económica, social, política y humanitaria de su historia republicana. El sistema internacional ha sido muy tibio y lento en su reacción a este caso.

En Bolivia, Evo Morales perdió el referéndum que le permitiría la reelección indefinida, pero ahora asoman la posibilidad de una enmienda constitucional; en Ecuador, Rafael Correa y sus correligionarios ha recogido más de 1.200.000 firmas para solicitar cambios en la Constitución y  permitirle una nueva reelección; en Paraguay, el presidente Cartes habla de una enmienda constitucional, que le abriría las puertas a la reelección.

Las reglas se están rompiendo en todos lados y eso tendrá graves consecuencias para los pueblos. O los ciudadanos se involucran más en la política y sirven de contraloría social sobre el actuar de los políticos, o los pueblos sufrirán las consecuencias de no participar activamente ejerciendo ciudadanía.

Los derechos son para ejercerlos y no se ejercen, pues estos van desapareciendo ante el avance de las apetencias personales de ciertos liderazgos.